La Ley no debe ser un obstáculo para el progreso

  • Artículo publicado en la edición del 23 de junio de 2016 del diario CLARÍN. Ver nota original pinchando aquí

 

Uber y la ley: el progreso se abre paso

 

La furibunda resistencia de los taxistas nos recuerda a los escribas y clérigos que inicialmente se opusieron a la imprenta de Gutenberg, porque al generalizarse la difusión de textos escritos los primeros verían disminuido su trabajo y los segundos su fuente de poder como intermediarios entre la palabra de Dios y el pueblo. Baste recordar la resistencia que generó la ley de matrimonio igualitario, y antes la ley de divorcio, para comprender que es imposible frenar el cambio de costumbres. Al contrario, la tarea del derecho es acompañarlo, a fin de prevenir los conflictos que el nuevo escenario puede presentar. Es necio ignorar los cambios sociales que ya son utilizados por la ciudadanía. Los intentos de negar la realidad fracasan, porque ésta siempre se impone.

Un buen ejemplo de la evolución del Derecho en consonancia con los cambios sociales es el del Derecho de Familia. A los casos de divorcio y matrimonio igualitario ya citados se pueden agregar la atribución total de derechos civiles a las mujeres casadas (recién en 1968), o el reconocimiento a la madre del pleno ejercicio de la patria potestad en igualdad de condiciones con el padre, en 1985.

A nadie se le ocurriría hoy esgrimir como argumento en contra del reconocimiento de esos derechos, el hecho de que la ley los prohibiera.

Hemos visto que las nuevas ideas pueden entrar en colisión con las leyes establecidas, o encontrar un vacío legal que dificulte las relaciones entre los involucrados. Sin embargo, cuando las innovaciones no son contrarias a los valores que rigen en la comunidad, ésta las tolera, aún cuando no se adecuen del todo a la ley. Y la justicia termina por reconocer situaciones de hecho aunque sean contrarias a derecho. Es lo que en su momento sucedió con el divorcio, y ahora ocurre con la maternidad por subrogación y la fecundación post mortem: los jueces llenan con sentencias que las admiten el vacío que dejó el silencio del código.

Y cuando el reclamo social se generaliza, y su implementación no viola principios jurídicos superiores ni afecta derechos humanos de otras personas, debe ser traducido a ley.

En el caso de Uber, si su estructura no encuadra dentro de la legislación, habrá que dictar leyes que regulen este nuevo servicio, fijando condiciones y deberes que choferes y pasajeros deberán cumplir. Lo contrario no impedirá que Uber funcione, sino que promoverá la infracción a la regla e impedirá el control estatal.

Mónica Graiewski es abogada. Doctora en Derecho Privado

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