Los juicios de sustracción de Menores

Hijos “secuestrados”: la batalla más allá de las fronteras

A continuación reproducimos el artículo aparecido en el diario Clarín de Buenos Aires el 24 de mayo de 2015 artículo de Clarín que reproducimos , que cierra con un comentario de La Dra. Graiewski.

 

Denis-Burns-junto-hijas_CLAIMA20150424_0096_27Tema del domingo Los recientes casos de padres y madres que luchan por recuperar a sus hijos sustraídos o retenidos en el extranjero por el otro progenitor, sensibilizan a la opinión pública. Una pelea judicial con costos económicos y emocionales incalculables.

CLARIN. 24 Mayo 2015. Marcelo Larraquy. mlarraquy@clarin.com

Hay un menor en medio de una guerra interna. Un padre/madre que lo lleva al exterior sin el consentimiento del otro, o que no cumple el plazo acordado para el retorno, o lo traslada y luego no avisa dónde está. Allí se inicia la batalla legal. En 2014, la Cancillería argentina abrió 170 expedientes por casos de  denuncias por retención indebida, sustracción de menores o pedidos del derecho de visita al hijo en el país en que vive.

Y lo que en principio, por los acuerdos internacionales y la actuación de las cancillerías, supone una resolución en seis semanas, un juicio por restitución, se transforma en una pesadilla kafkiana en la que un padre, después de atravesar por la búsqueda de un abogado en el exterior, búsqueda de fondos para pagarle, traducir la denuncia o el expediente y presentar prueba, después de meses o años, llega a la audiencia oral del tribunal de otro país, en el que, por lo general, no entiende qué dice el juez, qué dice su abogado, mientras la justicia dirime cuál será la residencia de su hijo.

En la mayoría de los casos, el litigio se produce cuando un matrimonio entre argentinos (o entre argentino/a y un extranjero/a) está radicado en el exterior  y luego, estén divorciados o no, uno de ellos pide autorización para volver con el hijo al país por determinado tiempo. Y no retorna. Ahí se inicia el trámite de restitución, con una sentencia del tribunal de familia del país de residencia del menor, que se ordena a través de las cancillerías de ambos países.

“Desde el punto de vista jurídico, la sentencia es lineal y tiene que haber excepciones aberrantes para impedirla. El menor debe ser restituido al lugar de su residencia, pero con múltiples recursos judiciales, la retención indebida se prolonga, el menor comienza a arraigarse en el nuevo país y para volver a llevarlo al exterior se provoca otra inestabilidad emocional. Pero la sentencia debe ejecutarse porque si no se está privilegiando una situación de hecho por encima de la ley”, indica el defensor público de menores Marcelo Jalil, que protege los derechos del menor por retenciones indebidas en el país, en acuerdo con la Convención de La Haya.

También se generan situaciones inversas: matrimonio radicado en Argentina, con madre o padre extranjero, que decide llevar a su hijo a su país de origen. Si no le informa el paradero, la denuncia por la desaparición obliga a Interpol a la búsqueda. También la organización Missing Children ayuda a complementarla. Cuando esta situación se produce en la Argentina, y es un extranjero/a, el que quiere saber dónde está su hijo y tiene los recursos, a veces se apela a un detective privado. “En una investigación paralela, siempre hay más paciencia. Solemos buscar en colegios, o con seguimientos a familiares. En una semana ya se puede aportar una filmación o una fotografía del menor que el padre lleva a Interpol o a los tribunales”, indica un miembro de “Detectives argentinos”, al que le llegan pedidos de búsqueda.

En la Argentina los costos legales para una restitución internacional pueden rondar los cien o doscientos mil pesos. Para litigar en el exterior, en cambio, los honorarios de los abogados se miden por tiempo. En Estados Unidos, un abogado puede cobrar entre 250 y 500 dólares la hora, sea una conversación por skype o el viaje para llevar un escrito a la corte de justicia.

También la devolución de un correo para la pregunta del cliente se puede tarifar en 50 ó 100 dólares. Y cuando la cuenta se acumula, se hace un corte en los 15 ó 20 mil dólares, que hay pagar para seguir adelante con el caso, que nunca será menor de 100.000 dólares.

“Sin información, sin recursos, sin apoyo del Estado y muchos dólares no  hay posibilidad de justicia cuando estás en el exterior, y así perdés a tu hijo sin siquiera poder iniciar el juicio de restitución. Cuando ocurren estos hechos los padres están en una situación sho-ckeante y pueden bajar los brazos antes de comenzar. Lo peor es que el padre/madre y los abogados de la parte que generó la sustracción y la retención ilícita lo saben muy bien, y especulan con recursos judiciales, y denuncias para agotarlo”, indica Daniel Larrategui, que logró la restitución de su hija en una Corte federal de Sacramento, California, después de dos años de litigio en Estados Unidos.

La Cancillería argentina (www.menores.gov.ar) ofrece el primer asesoramiento jurídico y un listado de abogados extranjeros para el patrocinio y el Ministerio de Desarrollo Social entrega un subsidio de 28 mil pesos, una cifra que no se actualiza desde 1995, más el pasaje para la audiencia en el exterior. Los padres suelen pedir ayuda a www.change.org y noblezaobliga.com para reunir firmas y obtener fondos.”

Federico Méndez está en esa situación: vivía con su hijo en la Argentina con su pareja norteamericana, se separaron y la madre lo llevó a Estados Unidos en diciembre de 2013. “Se fue ilegalmente por la Triple Frontera con mi hijo sin mi autorización y en contradicción con una orden específica del juez de familia argentino que prohibía la salida de mi hijo. El juez pidió la restitución, que sumé al proceso legal que inicié en Estados Unidos. En la audiencia oral en Boston probé que  la residencia habitual de mi hijo es la Argentina y ordenaron la restitución, de acuerdo a lo que indica la Convención de La Haya. Durante 15 meses no había tenido ningún contacto. Pero mientras lo esperaba en Argentina, la madre presentó un recurso que revirtió el fallo y ahora tengo que apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos, con mínimas chances de que sea aceptado. Ya tengo una deuda de cien mil dólares”, indica Méndez.

La admisión indiscriminada de planteos y excepciones, suelen distorsionar el espíritu del Convenio de La Haya, que ordena la restitución y luego la continuidad del litigio de fondo en la jurisdicción de la residencia habitual.

“Si el premio para el padre que demoró el juicio con excepciones infundadas y apelaciones fuera que, por el paso del tiempo, el hijo se quedara con él en el país elegido, se sentaría un precedente peligroso para otros padres que estén pensando en tomar una actitud parecida; y así se acaban las restituciones internacionales”, advierte la abogada Mónica Graiewski.

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