SUSTRACCIÓN DE MENORES. LOS PADRES COMO DELINCUENTES

 

En una sentencia reciente, la Cámara de Casación Penal se pronunció por la constitucionalidad de la extradición de una madre en caso que persista en su actitud reticente respecto de la devolución de su hijo de siete años a Estados Unidos.

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No es habitual que las restituciones de menores deriven al ámbito penal, porque la restitución en sí misma es –o debiera ser- una especie de medida cautelar civil circunscripta únicamente a la decisión de si corresponde o no el retorno del niño al país desde donde está siendo reclamado.

En la decisión entran a jugar determinados parámetros establecidos por la Convención de La Haya aplicable a sustracciones internacionales, como cuáles son los alcances del derecho de custodia de los padres y cómo deben ser las autorizaciones dadas por el otro para admitir la mudanza internacional del hijo.

Ambas cuestiones se debatieron en el presente caso. La madre adujo que sus derechos de custodia como madre soltera le daban amplia libertad para decidir el lugar de residencia del hijo, y que –además- cuando el padre conoció su decisión de quedarse a vivir definitivamente con el hijo de ambos en Argentina (a la que habían venido de visita por cinco meses) había prestado su consentimiento vía un correo electrónico.

Estos argumentos fueron atendidos y analizados por los jueces de nuestro país, quienes además consideraron que la mudanza en sí no representaba una amenaza de daño a la salud psicofísica del niño, y ordenaron su restitución a Estados Unidos.

Llegado este punto, la resistencia de la madre a cumplir con la orden de restitución emanada de nuestra Corte Suprema motivó la denuncia penal presentada por el padre en EEUU. Y esta denuncia penal derivó en el pedido de extradición que finalmente fue resuelto en nuestro país por el fallo que ahora conocemos.

 

Cuando padres discuten sobre derechos de los hijos, la norma general es que ambos estén convencidos de que su postura es la que mejor refleja lo que es conveniente para éstos. Y a veces les cuesta aceptar que haya alguien capaz de decidir y opinar respecto de su prole mejor que ellos. Pero ante el desacuerdo de los padres, son los jueces los que deciden, según su criterio e interpretando las leyes, cuál es la solución que mejor satisface el interés del menor.

 

Sin entrar a analizar los fundamentos con que la Corte Suprema rechazó los planteos de la madre -y aún en el caso que estos hubieran sido equivocados- lo cierto es que el caso se debatió en las tres instancias judiciales posibles y los jueces dieron su veredicto final.

Y como en casi todos los casos resueltos por sentencias judiciales, hay una parte que ve atendidos sus reclamos y otra a quien no se le da la razón.

 

El juicio debió haber terminado allí.

 

Pero hay casos en que las partes no se resignan a cumplir con una sentencia que les es adversa o a admitir la realidad de que el hijo tiene y necesita a sus dos padres, y éstos viven en lugares distantes.

Entonces, redoblan la apuesta. La madre incumple la sentencia de la Corte y el padre la denuncia penalmente. El juicio penal no tiene retorno y termina en una sentencia condenatoria para la madre y el pedido de extradición que enfrenta.

 

Resultado: la sentencia civil de retorno seguramente se cumplirá –con casi cinco años de atraso- y la madre no podrá volver acompañando al hijo porque es muy probable que tenga una orden de captura pendiente en EEUU.

 

Y mientras tanto, el niño por cuyos derechos se supone que ambos velaban fue testigo durante años de una batalla entre las dos personas que más lo quieren, y a esta altura está convencido que entre sus padres hay uno malo y uno bueno –aunque posiblemente no esté seguro de cuál es cual.

Además, el tiempo que le lleve a la madre solucionar sus problemas legales en el país al que su hijo va a ser restituido va a ser tiempo en que el niño se vea privado de ella, cuestión que seguramente ninguno de los progenitores tuvo en cuenta cuando empezaron esta escalada en la que –sea cual sea el final- todos perdieron.

 

 

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