¿Quién se hace cargo de los daños a los niños en la vida digital?

Artículo de Mónica Graiewski publicado en el diario Clarín de Buenos Aires https://www.clarin.com/opinion/-responde-danos-ocasionados-vida-digital-_0_RIcnMdWbaP.html


En enero de 2023, escuelas de Seattle (EEUU) demandaron a las empresas tecnológicas TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat una indemnización por los daños económicos que les causaron por afectar la salud mental de sus alumnos. Sostienen que les provocaron trastornos alimentarios, ansiedad y depresión, que dificultan la educación y obligan a las escuelas a contratar expertos en salud mental, desarrollar planes educativos especiales y dar capacitación adicional a los maestros.

Unos días después, en Río Negro y Santa Fe murieron dos adolescentes argentinos que participaban en Tik Tok del llamado “desafío del apagón” (blackout challenge). 

¿Quién es responsable por los daños de estos niños? ¿Los padres? ¿Las empresas dueñas de las plataformas? ¿Los organismos de control del Estado?

 Niños y adolescentes desarrollan muchas de sus actividades cotidianas gracias a las redes sociales y plataformas educativas, de juegos y compras. No hay manera de alejarlos de la vida digital sin dejarlos fuera del mundo.

Pero las mismas herramientas que los ayudan puede representar un peligro. Un martillo se puede usar tanto para construir como para romper.

Hay que tener en cuenta que el negocio de las tecnológicas no es educar, entretener o servir de nexo entre nuestros hijos, sino atraer su atención y captar sus datos para luego lucrar con ellos.  

Los niños son un grupo interesante de usuarios, y a las plataformas no les conviene poner trabas a su ingreso. Se desentienden de las consecuencias no deseadas, como la afectación a la autoestima y la salud mental, los delitos digitales -como ciberbullying o grooming- y las lesiones o muerte por retos virales, como el “desafío del apagón”.

En EEUU rige la ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños, que impone obligaciones para proteger la privacidad y seguridad de los menores de 13 años y exige el consentimiento paterno para operar en plataformas web. 

Pero con solo falsear su edad o su identidad los niños pueden tener un perfil digital sin que salte ninguna alarma, y las propias empresas prefieren pagar multas por incumplir la ley antes que atenerse a su cumplimiento. El Estado se da por satisfecho y siente que cumplió con su parte, pero no se evita el peligro al que los niños están expuestos.

Por eso, confiar exclusivamente a las empresas la tarea de proteger a los niños no parece la mejor idea, ni es suficiente cobrarles después indemnización por los daños causados, o multas por incumplimientos.

A los padres se les hace difícil fiscalizar la actividad de los niños las 24 hs. Un teléfono y la intimidad de la habitación son suficientes para que el niño esté solo e indefenso cuando lo desafían a mantenerse sin respirar la mayor cantidad de tiempo posible.

Por su parte, los representantes del pueblo parecen avanzar mucho mas lento que estas grandes empresas. Basta recordar el desconcierto y la ignorancia de los senadores que interrogaron a Mark Zuckerberg por el escándalo de Cambridge Analytica, en 2018.

Herramientas legales posibles

Hasta ahora, cuando se detectaron infracciones o daños, las obligadas a resarcir fueron las empresas.

Pero desde hace varios años exempleados de Facebook han declarado que el producto fue diseñado a propósito para crear adicción, lo que fue ratificado en la denuncia formal de Frances Haugen, que en 2021 reveló que Instagram desechó una investigación interna que encontró que la plataforma era un lugar «tóxico» para muchos jóvenes y afectaba su salud mental.

Ello nos lleva a pensar en la responsabilidad personal de quienes toman ese tipo de decisiones.

Hacer responsables penalmente a los accionistas y a los directivos de las empresas tecnológicas que dirigen las redes y plataformas a crear una dependencia tal que produce daños a la salud de los usuarios sería una sanción más efectiva que las sanciones meramente económicas aplicadas hasta ahora contra las empresas como tales.