¿Quién investiga a los padres que secuestran a sus hijos?

* Artículo aparecido el 3/11/2015 en el diario Clarín de Buenos Aires. Ver artículo acá 

Existe una tendencia bastante difundida a solidarizarse con los padres que –habiendo trasladado a su hijos de un país a otro sin autorización del otro padre- dan como fundamento el hecho de que este último no prestaba suficiente atención, no mantenía económicamente o era violento con los niños.

Cuando los jueces reciben solicitudes de restituir a los niños a los países desde dónde fueron subrepticiamente mudados, en lugar de limitarse a verificar los hechos y la ilicitud del traslado, muchas veces se ven tentados de ponerse a investigar las cualidades morales y paternales del padre que pide el retorno de sus hijos.

Esto sucede –por lo general- cuando el padre que sustrajo a los niños aduce que el traslado era imprescindible y necesario para protegerlos de aquel otro padre, que de alguna manera es peligroso para ellos.

Sin embargo, las normas internacionales establecen reglas claras que determinan qué juez debe analizar cada situación.

En estos casos, hay dos jueces involucrados:

1. El juez del país donde el chico se encuentra retenido debe decidir si su traslado se ejecutó en violación a normas legales –siendo por tanto ilícito-, caso en el cual corresponderá la restitución; y
2. el juez del país donde el niño vivía antes de ser trasladado (y adónde debe ser restituido) deberá investigar las aptitudes de los padres en relación con sus hijos, atribuyendo en consecuencia la guarda y estableciendo visitas, lo mismo que restringiéndolas si alguno de los padres representa algún tipo de peligro para los niños. Porque no solamente el padre que reclama la vuelta de sus hijos puede ser abusador y violento. También puede serlo quien se lo trajo consigo.

Y lo cierto es que los antecedentes manifiestos hablan peor del que los sustrajo que del que está esperando que vuelvan al hogar. Arrancar a los chicos de su casa, sin aviso ni preparación, sin darles posibilidad de despedirse ni madurar la idea, dejando atrás su cuarto, sus juguetes, su escuela y sus amigos –además por supuesto de su otro padre- implica un acto violento en sí, digno de consideración cuando se trata de estos asuntos.
En lugar de sustraer a los hijos existen caminos legales para protegerlos. A pesar de ello, estos padres eligieron tomar la justicia por mano propia. Esto da para pensar que tal vez sus argumentos no eran tan fuertes ni tan verídicos.

Antecedentes recientes, frescos aún en la memoria, dan cuenta de dos casos en que se manifestó violencia contra padres que se disponían a acatar sendas sentencias de restitución. En uno de ellos, familiares de la madre atacaron físicamente al padre estadounidense en Ezeiza, y en el otro –mucho más terrible, sucedido en Comodoro Rivadavia- el padre español fue asesinado un día antes de retornar a España con su hija, crimen por el que la madre de la niña se encuentra prófuga de la justicia.

En ambos casos, las madres habían justificado el secuestro de sus hijas acusando a los padres de ser violentos.

Lamentablemente, cualquiera de los padres puede constituir una amenaza contra su propio hijo. Pero determinarlo es tarea del juez del lugar adonde el niño será restituido y la rapidez en hacerlo hace a la seguridad del menor, porque mientras la restitución se decide nadie investiga si el padre que lo está reteniendo representa el verdadero peligro.